Consulta pública del MIEM - Proyecto Decreto de TV Digital

Andebu presenta aportes a la Consulta Pública que abrió el MIEM en torno al Proyecto Decreto que regula el proceso de despliegue de la Televisión Digital en Uruguay.

Principales Conclusiones del Documento:

La asignación de hasta 20 canales digitales en el departamento de Montevideo - con la consiguiente posibilidad de ofrecer al menos 4 señales cada uno en calidad estándar; y de hasta 9 canales digitales en cada una de las localidades del interior del país - con la consiguiente posibilidad de ofrecer al menos 4 señales cada uno en calidad estándar-, provocaría una inmediata saturación del mercado publicitario, único ingreso del que disponen los medios de radiodifusión privados para llevar adelante su actividad, poniendo en grave riesgo la sustentabilidad económica de los actuales y futuros emprendimientos.


La modificación del plazo de una licencia vigente, fijándose un plazo que antes no existía - independientemente del plazo que se establezca - resulta contraria a disposiciones consagradas por nuestro ordenamiento jurídico, verificándose, en nuestra opinión, un claro incumplimiento por parte del Estado, pasible de irrigar graves perjuicios a los actuales operadores. El proceso que se pretende impulsar debe garantizar la continuidad de los servicios brindados por los actuales operadores, debiendo destinarse para los mismos las correspondientes frecuencias dentro del formato digital terrestre, en iguales, o al menos similares (“lo más similares posibles”) condiciones a la de las actuales licencias, conforme lo dispone el art. 3° del Decreto 734/978.

Cualquier otra modificación en las condiciones de las licencias que fueron conferidas oportunamente a los operadores - agregando nuevas exigencias y requisitos adicionales -, implicaría un cambio sustancial en el sistema vigente, pasible de lesionar derechos adquiridos por los actuales permisarios, concretamente, el derecho a ser regulados por las mismas disposiciones y condiciones en las que se les autorizó la prestación del servicio. En caso de que la introducción de estos nuevos condicionamientos causara un perjuicio económico relevante a los operadores del sector, el mismo deberá ser asumido por el Estado.

Sin perjuicio de lo expuesto, las contraprestaciones exigidas en el art. 15 del proyecto deben resultar consagradas en una norma de rango legal, por lo que su exigencia mediante decreto deviene claramente ilegítima. Por otra parte, algunas de las previsiones contenidas en el proyecto pretenden trasladar indebidamente a los particulares obligaciones que deben ser cumplidas directamente por el Estado.

El plazo fijado para la finalización del cese de las transmisiones analógicas resulta absolutamente insuficiente, sobre todo si tomamos en consideración que tal circunstancia no solamente afecta a los operadores que prestan el servicio, sino que también, y fundamentalmente, a los receptores del servicio, esto es, a la ciudadanía en general, la que se verá obligada a incurrir en gastos para adquirir el equipamiento necesario para dotar su o sus televisores de los elementos requeridos para acceder a la televisión digital. De lo contrario, su o sus televisores serán completamente obsoletos. La decisión de proceder a establecer el plazo de finalización de las transmisiones digitales, es decir, el apagón analógico, debiera estar directamente relacionada con el nivel de penetración que la misma vaya teniendo en la población uruguaya.

El art. 19 del proyecto, al conferir a TNU y ANTEL el derecho exclusivo a prestar determinados servicios a terceros, está estableciendo ilegítimamente la conformación de un monopolio a favor de los mismos, apartándose claramente de lo dispuesto en el inciso 17 del art. 85 de la Constitución, en cuanto establece que la implementación de un monopolio por parte del Estado requiere norma de rango legal, fijándose inclusive determinadas mayorías especiales en algunos casos.